Publicado en Diagonal, nº 72, 21 de febrero de 2008
Se acercan las elecciones y la agenda pública se presenta cada vez más marcada por temas de campaña que dependen de la cuestión nacional. Desde la recuperación de competencias en educación a las inversiones en infraestructuras, pasando por el conflicto vasco o las políticas de migración, la pugna por el votante indeciso se articula en torno a propuestas partidistas ligadas al modelo de Estado. Significativamente, gracias al márketing electoral, temas como la precariedad, la educación, el aborto o la vivienda están siendo relegadas a un segundo plano.
Así las cosas, el desarrollo del debate prefigura un terreno de confrontación argumentativa en el que la solución a la cuestión nacional se está convirtiendo en la clave de la movilización emocional necesaria para traducir las preocupaciones sociales en votos. Bajo esta perspectiva se puede observar un panorama en el que el PP se afirma como la variante nacional-católica del Estado nacional unitario: uniforme en lo cultural, aunque moderadamente descentralizado en lo administrativo. Los nacionalismos sin Estado (pero con ganas de tener uno) se afirman en un amplio abanico de alternativas que van desde el blindaje competencial del Estado de las Autonomías hasta las puertas de la secesión, siempre sobre la base de una política del reconocimiento traducida en asimetrías institucionales.
Españolismo y excepción
Para la izquierda de referente estatal, el federalismo sigue siendo la asignatura pendiente. Por una parte, hay quienes defienden descentralización y una cierta política del reconocimiento traducible en asimetrías institucionales (minoría en el PSC y mayoría en IU-ICV); por la otra, quienes propugnan la primera, pero niegan radicalmente la segunda (mayoría PSOE y minoría IU-ICV). Especial mención merecen aquí las candidaturas ciudadanistas del “nacionalismo negativo” español como Unión, Progreso y Democracia o Ciutadans. Hijas de la era Aznar, aspiran a valorizar algunas pequeñas elites en el epicentro del debate activando un nacionalismo negativo español que no se quiere reconocer en su propia genealogía histórica y sabe que la Constitución de 1978 es suficiente para culminar a medio plazo la construcción de “España” como Estado-nación.
Por último, la izquierda abertzale continuará bajo una excepción visible en el encarcelamiento de sus militantes, la “descontaminación” de sus listas, etc. Como trasfondo, sectores del poder judicial sin duda interesados en influir indirectamente en el resultado electoral.
