El viraje a la derecha está servido: jubilación a los 67, recortes salariales, reforma laboral... La determinación del Ejecutivo demuestra que en su cálculo táctico se han incluido todos los riesgos: aislamiento parlamentario, huelga general, etc. Conociendo el funcionamiento del régimen español, todo apunta a que el PSOE apuesta por el regreso a las soluciones de antaño. Diríase que estamos ante una reedición de las últimas legislaturas de González –no por nada mediáticamente resucitado en los últimos tiempos–, a saber: distanciamiento de CC OO y UGT, pactos con CiU y PNV, marcaje a la derecha ocupando su discurso, recuperación de espacio mediático neoliberal, etc.
Sin embargo, este final de década no son los primeros ‘90. La huelga suena hoy a farsa del drama de antaño. En estos años, la implementación del proyecto neoliberal ha cambiado la constitución material de la sociedad alterando sustantivamente la situación de partida: estructura de clases, aparato productivo, condiciones de la negociación colectiva... Y lo que es peor, dicho cambio acompaña una reestructuración global del mando capitalista fundada en la ‘corrupción’ de la constitución formal (la Constitución de 1978).
Al decir corrupción no sólo nos referimos a la vulgar delincuencia de una parte del estamento político imbricada en la lógica del régimen –financiación de partidos, opacidad en los procesos decisionales, etc–. Aludimos también al concepto republicano; a la idea de que la subordinación de las instituciones públicas a intereses privados arriesga la existencia de éstas. Esta corrupción resulta funcional al proceso deconstituyente que (re)configura el mando capitalista, esto es, el “quién y cómo manda quien manda”.
Cuando la corrupción avanza, la democracia se deconstituye. En su forma liberal, la democracia es un régimen de contención, una concesión necesaria, aunque coyuntural, al movimiento. Pero la Historia no es lineal y lo que se democratiza puede desdemocratizarse. Contrariamente a la prédica liberal que ve la democracia como un estado de cosas, desde el movimiento la crisis es una disyuntiva entre la democratización y su involución. Por eso, mientras el mando corrompe las instituciones, nada hay más disfuncional a la democracia que limitarse a defender las posiciones conquistadas hace tres décadas. El fracaso de las huelgas pasadas prueba lo errado de la estrategia sindical y de la izquierda parlamentaria.
Treinta años después de los Pactos de la Moncloa, la acción social concertada –el pilar sobre el que se producen consenso y legitimación de la política económica– ha quebrado. Tras un periodo de medida ambivalencia –y no pocos palos de ciego–, Zapatero ha cedido a presiones ajenas a la democracia –se ha corrompido, en términos republicanos–. Al adoptar decisiones contrarias a la mayoría social sin opción revocatoria hace un uso ilegítimo de los márgenes de la democracia liberal que acelera el proceso deconstituyente iniciado por González y seguido por Aznar.
Al mismo tiempo, esta deconstitución es (re)configuración del mando a escala global. Como es sabido, el viraje a la derecha se justifica por el imperativo de dar una ‘buena imagen’ a los ‘mercados’, a la par que confianza a nuestros ‘socios’ –las grandes potencias económicas de la UE; y ello, básicamente, para conjurar el riesgo de una ‘helenización’ de la política. La amenaza más o menos velada de sanciones –el ‘rescate’ no deja de ser una sanción al pueblo griego por su rebeldía– es el argumento estrella con que se nos presentan como inevitables las medidas económicas. Rodríguez Ibarra lo expone así: “O mandamos a hacer puñetas a los mercados y tomamos el camino de la calle de en medio, o jugamos a su juego y continuamos poniendo nuestra mejor cara y nuestra más amable sonrisa para ver si nos consideran merecedores de su confianza y de su dinero. Es decir, o nos suicidamos o nos prostituimos”. Lo que se nos plantea con cínica voz no es otra cosa que aceptar que el mando manda, y que la única alternativa es la muerte –y no cualquiera, sino el suicidio–. Más allá de la retórica, la decisión se nos presenta en toda su desnudez: un poder mortal permite ejercer el dominio sobre la vida –un “biopoder”–, que diría Foucault.
Llegados a este punto, cabe preguntarse si el Estado todavía es un poder soberano o si, por el contrario, es un poder codependiente o, peor aún, subalterno de otro. Esto no significa que el Estado no sea arte y parte –la resistencia de Zapatero demuestra hasta dónde la nueva soberanía incorpora el Estado al mando–. Sin embargo, ello no resulta de un proceso constituyente europeo. Al contrario, la corrupción opera la deconstitución del régimen democrático y transfiere la decisión a instancias ajenas; no se subordina a un parlamento soberano europeo, sino a las agencias de calificación de la deuda. La mutación actual de la soberanía no se reduce, pues, a un problema de escala –del Estado a la UE–.
La configuración del mando responde al fin mismo de la soberanía moderna. Quienes suelen negar la obsolescencia del Estado aduciendo la ausencia de un marco institucional europeo o global “soberano” obvian una evidencia: la soberanía hoy no responde ya a instituciones unidireccionales y monopolísticas operativas sobre un territorio –la soberanía moderna–, sino a la interiorización del automatismo que nace de hacer aceptar un único paradigma de gobierno –Marx diría “subsunción real del trabajo en el capital”–.
La huelga del 29-S está generando una paralizante sensación de déjà vu. En el vaciamiento político de la acción social concertada –en su sustracción a la capacidad soberana de decidir–, el repertorio de la huelga general se convierte en un recurso de dudosa eficacia dentro de los parámetros del régimen en vigor. Su puesta en marcha, de hecho, es percibida por muchos como un coste excesivo. Y lo que es peor: superar dicho coste por medio del recurso al izquierdismo obrerista no deja de ser una expresión ideológica más del automatismo y, por tanto, parte del problema.
Así las cosas, convertir la convocatoria del 29-S en una oportunidad política pasa por asumir primero una escisión desobediente con los repertorios institucionalizados de acción colectiva. Cuando quien gobierna lo hace contra las instituciones democráticas, la desobediencia se erige en la única vía para hacer progresar la democratización y evitar el refuerzo de la deriva autoritaria. Más que la patronal o los medios, son los servicios mínimos, las manifestaciones rituales, los izquierdismos, etc., el principal obstáculo. A nosotros, pues, de inventar la democracia venidera
