Del 6 al 8 de junio, el G-8 ha previsto volver a reunirse en suelo europeo, esta vez en Alemania. Los medios de comunicación más influyentes del país están dirigiendo el debate político hacia la confrontación entre manifestantes y policía que previsiblemente tendrá lugar con motivo de los bloqueos convocados por las redes de activistas. Hace un par de semanas, Die Zeit publicaba en primera página un artículo en el que se agitaba el espectro de la RAF [Fracción del Ejército Rojo, grupo de lucha armada alemán, hoy disuelto] y de la autonomía de los ‘80. El reputado semanario de Hamburgo no vacilaba en presentar la cumbre del G-8 como el escenario de una inminente escalada de tensión entre manifestantes y Estado. A modo de advertencia se evocaba el párrafo 129a del código penal introducido en 1976 con el objeto de castigar el delito de “asociación terrorista”.Prolegómenos represivos
Este ambiente de tensión creciente contrasta con la apacible imagen de Heiligendamm, la villa balneario a orillas del Mar Báltico que ha sido escogida para celebrar la próxima reunión del G-8. La elección de Heiligendamm no es casual. Tras el fiasco metropolitano de Génova en 2001, se repiten aquí las características de cumbres anteriores como Evián (2003) o Gleneagles (2005): localidades de dimensiones reducidas, accesos fácilmente controlables y cercanas a ciudades de tamaño medio que aseguren los servicios necesarios.
La razón evidente, táctica, que explica la elección de la villa vecina a Rostock es la necesidad de garantizar el buen desarrollo de la cumbre ante los bloqueos convocados contra la reunión del G-8. Las implicaciones de fondo, sin embargo, son más preocupantes y van más allá de la mera gestión policial del acontecimiento dentro de un marco institucional liberal-democrático.
En efecto, la confrontación entre el G-8 y las redes de activistas ha impulsado e impulsa la instauración de un nuevo modo de mando que va más allá de la democracia liberal. Debido precisamente a este carácter constituyente del conflicto global, las cumbres son un momento privilegiado para ensayar nuevas fórmulas. Sin embargo, la relación con la producción de instituciones no es igual para ambos bandos: los movimientos crean, los Estados se adaptan.
Ante el poder constituyente de los movimientos sociales, los ordenamientos legales de los Estados se están haciendo inoperativos. Por eso, sólo mediante medidas de excepción se pueden adaptar las legislaciones y diseños institucionales que antaño se organizaban desde el Estado nacional. Al final, la lógica siempre es la misma: el progreso de la política movimiento provoca la suspensión del procedimiento democrático (la emergencia); seguidamente, la represión policial-militar divide al activismo, castiga a unos e integra a otros dentro de una nueva legislación y diseño institucional que perfecciona el control social.
Los prolegómenos de la cumbre apuntan ya algunos síntomas de gravedad. Destacaríamos tres: (1) la construcción mediática de la tensión por medio de la supresión de los marcos de referencia que garantizan un sentimiento de seguridad en la ciudadanía (la evocación de un terrorismo potencial en el seno de la autonomía alemana); (2) la aplicación de medidas de justicia preventiva (el despliegue de casi un millar de funcionarios y las perquisiciones en más de 40 espacios comunes y particulares del activismo germano); y (3) la suspensión de la libertad de circulación de los ciudadanos acordada en Schengen.
En estas circunstancias, parece razonable pensar que las redes activistas deberían recurrir a la memoria del movimiento a fin de anticipar estrategias que impidan el progreso de un estado de excepción permanente.
Recordando la experiencia de Evián (Ginebra)
En junio de 2003, el G-8 se reunió en la localidad francesa de Evián, a orillas del Lago Lemán, no muy lejos de Ginebra. Con anterioridad a este acontecimiento, el cantón suizo había conocido las movilizaciones más intensas de las últimas décadas. Sin ir más lejos, el 15 de febrero de ese mismo año, las redes de activistas habían sido partícipes de las manifestaciones globales contra la guerra en Iraq. Estas movilizaciones se habían desarrollado en el marco de las garantías constitucionales y los pacíficos patrones de la cultura política suiza. La potencia demostrada por un activismo radicado en un escenario de movilización global se traduciría, sin embargo, en una escalada de tensión sin precedentes.
Así, a raíz de un conflicto local, la policía realizó una demostración de fuerza, inusual en la apacible política helvética, que se saldó con una activista herida de gravedad (pérdida parcial de visión por bala de goma). El tratamiento mediático de este hecho adelantaba ya un cambio en la cultura represiva, orientado ahora hacia la emergencia que se presentaba en la agenda pública con la cumbre del G-8 en Evián.
La cumbre del G-8 marcó, en efecto, un momento de ruptura definitiva para los suizos. En el transcurso de las jornadas de movilización, Martin, un activista que realizaba una acción de protesta colgado del puente de Aubonne, estuvo a punto de ser asesinado por el policía que cortó la cuerda que le suspendía en el vacío. El posterior tratamiento judicial del caso, claramente exculpatorio, sentó las bases de una jurisprudencia más atenta a la gestión de la emergencia que a la observancia de las garantías del Estado de derecho. En este mismo sentido, a raíz de algunas acciones puntuales se decretó el estado de excepción. Todas las garantías constitucionales fueron suspendidas. Se inauguró un período de represión que se extendió mucho más allá de la cumbre y que hizo de la política local su terreno de operaciones. La represión se orientó, por una parte, hacia las figuras más destacadas del activismo local: detención sin cargos de L. Lerch, activista destacado de la autonomía ginebrina; encausamiento de figuras relevantes del Forum Social Lémanique como O. de Marcellus o E. de Carro, etc. Por otra, esta oleada de intervenciones selectivas se vio acompañada de nuevas medidas legales orientadas a restringir las libertades públicas más elementales por medio de la modificación del derecho de manifestación, el control del espacio público, etc. La experiencia de la cumbre de Evián aporta, en definitiva, claves para reflexionar más allá de la batalla por deslegitimar el neoliberalismo. En vísperas de Heiligendamm/ Rostock, el orden del día viene marcado por la producción de instituciones autónomas que, más allá de la crítica de los foros sociales, entienda como necesaria la organización de contrapoderes.
