Al igual
que el año pasado, estos días post/diada están trayendo cola en la
esfera pública. A diferencia de 2012, sin embargo, ahora se apunta
con claridad la sintomatología de un problema que se agrava y se
precipita en su propia vacuidad conforme pasa el tiempo. Nos
referimos al espectáculo independentista que el Estado de las
autonomías mantiene abierto en Catalunya.
No podría ser de otro modo. En Catalunya no hay en realidad (en la realidad material de lo político) un proceso independentista en curso mínimamente creíble y sí, por el contrario, un espectáculo de la “independencia” orquestado en los márgenes del Estado de las autonomías. El único objeto de dicho espectáculo es cuestionar, contener y evitar una escisión en efecto constituyente con base en la subjetividad catalanista. No estamos, pues, ante un resquebrajamiento real del régimen —por más que este pueda llegar a darse a medio o largo plazo. Antes bien, nos encontramos ante el despliegue del dispositivo de captura de subjetividad previsto por el propio régimen mediante el diseño autonómico y la política de acomodación de élites pactada en la Transición.
El
espectáculo independentista del Estado de las autonomías consiste,
de hecho, en rendir productiva para la lumpenoligarquía (catalana o
española) una subjetividad catalanista que, por su propio potencial
movilizador, bien podría provocar a medio plazo una incómoda
ruptura del orden constitucional. Gracias a este espectáculo se ha
generado un simulacro para el que la independencia puede ser
considerada como opción real a cambio de una única condición: que
jamás se lleve a cabo. La tarea de las elites españolas aquí es el
de hacer de protervo exterior constitutivo del catalanismo. Por su
parte, las elites catalanas han de asegurar que jamás se efectúe la
secesión (algo que se empieza a ver mejor cada día conforme se
acerca la hora real de llevar a cabo lo prometido).
Un mínimo
de atención al desarrollo de los acontecimientos (comenzando incluso
por algo tan concreto como los textos suscritos por los partidos)
demuestra aquello que estamos afirmando. El primer episodio fue el
acuerdo con el que CiU y Esquerra dieron comienzo al espectáculo;
pactando un texto en el que apenas se trataba de otra cosa que
celebrar una mera “consulta” y no un referendum vinculante a
alguna forma de desobediencia institucional que rompiese el régimen.
Nótese que solo una opción así haría creíble el soberanismo,
toda vez que el propio régimen ya ha sentenciado como no vinculantes
y puramente espectrales consultas ilegalizadas como las de la
Plataforma pel Dret a Decidir.
El último
episodio de este mismo espectáculo ha sido denunciado el pasado
jueves por el diputado de las CUP, Quim Arrufat. Como bien denunció
el vilanoví, en la propuesta de manifiesto presentada por Joan Rigol
al pacto nacional por el derecho a decidir no aparece ni una sola
mención —explícita o
implícita— a la independencia o
a la soberanía nacional; apenas una imprecisa y abstracta referencia
a alguna forma de “institucionalidad catalana”. Huelga decir que
esto último es, no ya solo de facto, sino incluso de jure,
la realidad del régimen actual.
